JUZGADO NACIONAL DEL TRABAJO NRO. 63 - SECRETARÍA ÚNICA

JUZGADO NACIONAL DEL TRABAJO NRO. 63 - SECRETARÍA ÚNICA

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 63 hace saber que en los autos caratulados:

“CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ ESTADO NACIONAL s/ ACCION

DECLARATIVA” (Expte N: 10308/2026) se ha dictado la siguiente resolución: “Buenos Aires, 30 de marzo de

2026VISTOS. I. La CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CGT RA),

representada los Sres. Jorge Alberto SOLA (Seguro), Octavio ARGÜELLO (Camioneros) y Cristian Raúl JERONIMO

(Vidrio) en su carácter de Secretarios Generales, promovió la presente ACCION DECLARATIVA en los términos

del art. 322 del CPCCN, contra el ESTADO NACIONAL – PODER EJECUTIVO NACIONAL -PEN-, tendiente a

lograr un pronunciamiento sobre la invalidez constitucional de los artículos 1, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24,

25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 44, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 57 de la Ley 27.802, que modifican

normas de la Ley de Contrato de Trabajo Ley N° 20.744 (t.o. 1976); el Título II, Artículos 58 a 77 Ley 27.802; 79 que

sustituye artículo 20 Ley 18.345; arts. 100 y 208 que sustituye los arts. 3 y 6 Ley 11.544, 101 que sustituye articulo

24 Ley 25.877; 111 que sustituye el Artículo 12 de la Ley 26727; los artículos 131, 132, 133, 134, 135, 136 que

modifican normas de la Ley 14.250; 137 que modifica la Ley 26.802; 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,

147, 148, que sustituyen normas de la Ley 23.551; 149 que sustituye articulo 4 Ley 23.546; 199 que deroga la Ley

nº 27.555; 207 que deroga Artículo 28 y 275 de la Ley 20.744; 211 que deroga los artículos 10 y 16 y Ley 14.250;

art. 107 que modifica el art. 7 de la ley 26844; todos ellos, contenidos en la ley 27802 publicada en el Boletín

Oficial el 6/3/2026, en cuanto -en su tesis- vulnerarían en forma ostensible y manifiesta lo prescripto por los arts.

14 bis, 75 incisos 19) y 22) de la Constitución Nacional por grave lesión de derechos de máxima raigambre

constitucional, como de protección, progresividad, razonabilidad, tutela judicial efectiva, no discriminación,

libertad sindical, defensa en juicio y derecho al debido proceso (arts. 14 bis, 16, 17 ,18, 28, 43, /9. Inc. 19, 75 inc.

22, C.N; art. 26 Convención Americana de Derechos Humanos, art. 8 Pacto Derechos Económicos Sociales y

Culturales, Convenios Internacionales del Trabajo, 87, 98, 135 y 154), estableciendo modificaciones peyorativas y

permanentes en los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales en los

institutos del marco legal individualizados que hasta su sanción garantizan el principio protectorio y la libertad

sindical. II. El Estado Nacional compareció a estar a derecho y a responder el traslado conferido en los términos

del art. 4.1 Ley 26.854, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital

Humano, con patrocinio del Sr. Procurador del Tesoro de la Nación, y del Sr. Sub Procurador del Tesoro de la

Nación. En su presentación (IV) Denuncian planteo de inhibitoria; (V) solicitan el rechazo de la medida cautelar

solicitada por la actora, con costas; (VI) denuncian inexistencia de caso, causa o controversia; (VII) señalan la falta

de legitimación activa y colectiva de la accionante; (VII) Producen el informe del art. 4 de la ley 26.854, centrándose

en la falta de verosimilitud en el derecho por la legitimidad del acto legislativo que dio lugar a la ley impugnada y

en la falta de peligro en la demora a lo largo de 8 capítulos. Al describir el objeto del reclamo, omite varias normas

objetadas, lo que se puede interpretar como un simple error o como la ausencia de defensa. Soslayaré ese dato

por cuanto su defensa refiere en general a la cautelar en traslado. III. Intervino el representante del Ministerio

Público Fiscal, Dr. Javier Fernández Madrid (art. 120 CN) CONSIDERANDO. I. De la competencia de esta Justicia

Nacional del Trabajo En su presentación el Estado Nacional denunció que planteó la inhibitoria de esta Justicia

Nacional del Trabajo para entender en esta causa. Se tramita en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo

Contencioso Administrativo Federal N° 12, bajo las actuaciones caratuladas “EN- SECRETARIA DE TRABAJO

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL C/ Y OTROS S/ INHIBITORIA”, expediente CAF N° 12.002/2026. Chequeadas

que fueron en el sistema público de consulta, no tienen resolución. II. De los alcances de esta medida. La parte

actora encuadró la acción en el art. 322 del CPCC, lo que configura una vía excepcional que a diferencia de las

acciones de condena su único fin es el de fijar con carácter irrevocable una relación jurídica o un estado de

derecho que hasta entonces permanecía desconocido o en incertidumbre (CSJN Falllos 307:1804) 1. Luego de

los casos “Outon”2 y “Santiago del Estero c/Gobierno Nacional y/o YPF”3 se ha reconocido a esta vía como

idónea para tratar la acción preventiva de inconstitucionalidad, lo que finalmente fue consagrado en el artículo 43

de la Constitución Nacional en su reforma de 1994.4 1. En el análisis de los aspectos sustanciales de la acción,

en este caso se cumplen en el caso los tres requisitos básicos: (a) estado de incertidumbre actual sobre la

existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica concreta (en el caso de incidencia colectiva en relación

a la constitucionalidad de ciertos artículos de la Ley 27.802); (b) puede producir perjuicio o lesión inmediata en el

accionante (y en sus representados, al tratarse de regulaciones inherentes a las relaciones individuales y colectivas

del trabajo); (c) no existe otro modo legal idóneo para poner remedio inmediatamente a esa incertidumbre, pues

no hay acción que pueda generar certeza con mayor premura que la escogida por la accionante (art. 43 CN). 2.

Lo hizo a través de una acción colectiva, invocando la representación de los trabajadores y trabajadores de la

República Argentina. La demandada cuestionó en su contestación esa representación. Cito textual “la CGT no

ostenta una representación directa e inmediata de los trabajadores individuales, sino de las entidades de primer

o de segundo grado afiliadas a ella” “ A ello se suma que no todos los trabajadores registrados se encuentran

afiliados a organizaciones sindicales. Menos aún están afiliados los trabajadores no registrados, a quienes la ley

atacada pretende brindar herramientas para que puedan insertarse en el marco legal de protección. Asimismo,

no todos los sindicatos integran federaciones, ni todas las federaciones forman parte de la CGT. Por consiguiente,

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.882 - Segunda Sección 82 Lunes 6 de abril de 2026

la legitimación invocada resulta meramente dogmática y carente de sustento fáctico concreto”. Sin embargo, esta

representación del colectivo, que emana del art. 31, inciso a) de la ley 23.551, ha sido reconocida por el Estado

Nacional en la presentación titulada “Solicitan se inscriba en el registro de juicios colectivos” efectuada en la

causa “CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ EN s/AMPARO LEY 1

BERMÚDEZ, Jorge Guillermo, en AAVV, Amadeo Allocati -director- y Miguel Angel Pirolo -coordinador-, en Ley

de organización y procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo. Ed. Astrea, 1993, Tomo II p. 100. 2 CSJN,

Fallos 126-293 3 CSJN, 20-8-85, ED 115-361 4 Véase FALCÓN, Enrique “Tratado de Derecho Procesal Laboral”.

Ed. Rubinzal Culzoni, 2012, Tomo I, página 577 y ste. 16.986” (Expte. N.º CAF 010258/2026), que tramita ante la

Justicia Contencioso Administrativa Federal, que tengo ante mi por consulta pública en scw.pjn.gov.ar. No puede

negar aquí lo que peticiona allí (que se lo tenga por actor colectivo), porque es una argumentación inadmisible.

Nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con otra

anterior (C.S.J.N., Fallos 275:235, 275:458, 294:200, cons 6º, 294:220, 300:480, 307:1602), máxime al ser dicho

comportamiento deliberado, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. Como lo ha dicho la Corte Suprema de

Justicia de la Nación en reiteradas ocasiones, la admisión formal de toda acción colectiva requiere la verificación

de ciertos recaudos elementales que hacen a su viabilidad, tales como la precisa identificación del grupo afectado,

la idoneidad de quien pretenda asumir su representación, y la existencia de un planteo que involucre, por sobre

los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el grupo

(cfr., entre otras, sent. del 24/02/2009, H. 270. XLII. “Halabi, Ernesto c/ P.E.N.- ley 25873-dtp. 1563/04 s/amparo

ley 16.986, Fallos: 332:111). 3. En el caso, la Confederación General del Trabajo posee legitimación activa para

impugnar los artículos señalados en los VISTOS, tanto en lo que se refiere a derechos de la sindicalización, la

negociación colectiva y la huelga, como en aquellos aspectos individuales comunes y homogéneas a todo el

grupo de trabajadoras y trabajadores cuya prestación se encuentra regulada por las normas de la República

Argentina (conf. Art. 3 LCT). Esta cuestión de la legitimación activa ha sido resuelta por mi superior, CNAT, Sala

de Feria, en el Expte Nº 56862/2023 - CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO DE LA REPUBLICA

ARGENTINA c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ACCION DE AMPARO, a cuyos términos y citas me remito, en

mérito a la brevedad destacándose CSJN, 4/7/2003, S. 729. XXXVI “Sindicato Argentino de Docentes

Particulares S.A.DO.P. c/ Estado Nacional -Poder Ejecutivo Nacional s/ acción de amparo”, Fallos: 326 :21505.

Cito textual del escrito de inicio “La CGT RA es una entidad sindical de tercer grado, que ostenta Personería

Gremial n° 48 (Resolución n° 116 de fecha 17/07/1948) y que agrupa a todos los trabajadores de la industria, del

comercio, de la construcción, de los servicios, del transporte, del campo, del servicio público o de cualquier otra

actividad productiva en todo el territorio de la Nación”. Tal es la incidencia que el Estado Nacional le confiere, que

el art. 136 Ley 24.013 le reconoce la potestad de representar a los trabajadores y trabajadoras para las acciones

colectivas de mayor trascendencia del sistema de relaciones laborales de Argentina, tales como: a) Determinar

periódicamente el salario mínimo, vital y móvil; b) Determinar periódicamente los montos mínimos y máximos y el

porcentaje previsto en el artículo 118 ley 24013 correspondiente a los primeros cuatro meses de la prestación por

desempleo; c) Aprobar los lineamientos, metodología, pautas y normas para la definición de una canasta básica

que se convierta en un elemento de referencia para la determinación del salario mínimo, vital y móvil; d) Constituir,

en su caso, las comisiones técnicas tripartitas sectoriales referidas en el artículo 97, inciso a); e) Fijar las pautas

de delimitación de actividades informales de conformidad con el artículo 90 de esta ley; f) Formular recomendaciones

para la elaboración de políticas y programas de empleo y formación profesional; g) Proponer medidas para

incrementar la producción y la productividad. 5 Fera, Mario S., Legitimación colectiva de las asociaciones

sindicales, en: “El derecho del trabajo en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, La Ley, 2020,

Buenos Aires, Tomo III, página 69 y siguientes. Técnicamente es una “acción de clase” y la Confederación de

Trabajadores más representativa puede invocar la representación de la clase obrera. Sociológicamente comprende

a trabajadores/as actuales y futuros, activos y pasivos, formales e informales, regulares y precarizados y a sus

sindicatos. 4. Enfrente se posiciona el Estado Nacional, persona pública de mayor representatividad, en su rol de

legislador, que no cuestiona su legitimación pasiva para estar en esta litis mediante la representación ya

mencionada en los Vistos. 5. El objeto de la acción es común e indivisible a todos los trabajadores y trabajadoras

de la República Argentina (como puede verse en el capítulo de “vistos”). Los referidos bienes colectivos no

pertenecen a la esfera individual sino a la social y no son divisibles de ninguna manera, lo que encuadra

perfectamente en la definición de derechos de incidencia colectiva, según explica Hebe García Borrás6 6. A los

fines determinados, en función de los sujetos involucrados y del objeto de la pretensión, la presente medida

resulta aplicable a todos los trabajadores/as y empleadores/as de la República Argentina, cuya relación se

encuentre regulada por la ley 20.744 (TO 1974) y sus leyes complementarias. A tal fin, para evitar un dispendio

jurisdiccional innecesario y la existencia de sentencias contradictorias, se inscribió este juicio en el Registro

Público de Juicios Colectivos de la CSJN (acordada 12/2016), iniciado el 17/3/26 y completado el 25/3/26. II.

Verosimilitud del derecho Es criterio pacífico que, a los fines del dictado de medidas cautelares, no se requiere

certeza absoluta acerca de la existencia del derecho invocado, sino la comprobación de su apariencia razonable,

suficiente para justificar la tutela jurisdiccional preventiva mientras se sustancia el proceso principal (CSJN,

“Camacho Acosta, Maximino c/ Grafi Graf S.R.L.”, Fallos: 320:1633, sentencia del 7 de agosto de 1997). Pese a

ello he tomado debida nota de las serias argumentaciones de la demandada, cuando señala en el punto correlativo

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.882 - Segunda Sección 83 Lunes 6 de abril de 2026

7.6 de su defensa que (copio textual) “…si V.S. decidiera hacer lugar a la medida cautelar solicitada, la afectación

del interés público comprometido resultaría de extrema magnitud. Ello así, en cuanto importaría suspender una

ley dictada por el Honorable Congreso de la Nación en uso de las facultades conferidas por la Constitución

Nacional en detrimento de políticas públicas direccionadas en pos del interés general. Implicaría, asimismo, una

indebida interferencia en la esfera de atribuciones del Poder Legislativo, alterando el principio de división de

poderes.” “La presunción de legitimidad de la actividad de los poderes públicos sustenta la existencia misma del

Estado Constitucional de Derecho. A través de esta premisa se supone que la actuación del Congreso de la

Nación se llevó a cabo en armonía con el ordenamiento jurídico. De no existir esta directriz, toda la actividad

legislativa del Estado sería en principio cuestionable, aunque la legitimidad fuera patente. De esa forma se

obstaculizarían gravemente el cumplimiento de los fines públicos, al anteponer intereses individuales o de grupos

al interés colectivo o social; en definitiva, al interés público”. Al respecto de tan serias y asertivas definiciones,

diré que la intervención de este Poder Judicial independiente y especializado es necesaria justamente para

garantizar la 6 García Borrás, Hebe. Los derechos de incidencia colectiva y su proyección en el derecho del

trabajo. Revista de Derecho Laboral Actualidad. RC D 1555/2016 división de poderes del sistema republicano,

como una de las tres elementos indispensables para nuestra convivencia pacífica en la sociedad organizada.

Coincido con la defensa “la presunción de legitimidad de la actividad de los poderes públicos sustenta la

existencia misma del Estado Constitucional de Derecho” y agrego: siempre y cuando se respete la Constitución

Nacional, porque de lo contrario sería un título vacío, carente de contenido. Justamente ese rol le incumbe al

Poder Judicial (art. 116 CN). Viene muy al tema esa cita que efectúa en su defensa el Estado Nacional, del

discurso del Senador Pagotto, “quizás esta no sea la mejor ley, pero sí es la ley posible y la que nos puede

permitir avanzar”, porque las leyes se generan en el Honorable Congreso de la Nación, que es un ámbito político

por excelencia. La política es el “arte de lo posible”, decían nociones básicas, y en Tribunales nos guiamos por la

deontología, basada en el cumplimiento estricto del deber y las normas, comenzando por la Constitución Nacional.

Las competencias y los intereses son claramente distintos, pues mientras el poder político fluctúa con los tiempos

electorales, el poder judicial permanece indiferente a esos cambios. Es por ello que no entraré en dos definiciones

de la defensa: (1) “Que el contexto en que se dicta esta norma es el de inserción del nuestro país en las economías

mundiales posibilitando la atracción de grandes inversores otorgando para ello un escenario propicio para la

generación de mayor empleo formal, brindando así mayor protección a todo trabajador, actual como ingresante”;

dado que se trata de una cuestión política no justiciable, también hipotética y conjetural y (2) que de hacer lugar

a la medida se antepondrían “intereses individuales o de grupos al interés colectivo” porque cada vez que se

impone el respeto a la Constitución Nacional se lo hace en vistas al interés público. Cada integrante de la Nación

Argentina debe saber que habrá jueces y juezas dispuestos a defender su molino7. 1. Se peticiona la declaración

de inconstitucionalidad de un grupo de disposiciones de la reciente ley 27.802 cuya determinación no corresponde

al prieto marco de una medida cautelar. En esta etapa corresponde emitir una prudente consideración general

que permita adoptar una decisión provisoria, para aguardar con paz social hasta la sentencia definitiva, luego de

un debate más intenso. En relación al tema, en el punto 7.7 de su defensa el Estado Nacional enarbola que el art.

3.4 de la ley 26854 establece que “las medidas cautelares no podrán coincidir con el objeto de la demanda

principal” y aclara con cita del clásico autor Chiovenda, que “El objeto de la pretensión cautelar debe ser distinto

al de la demanda que será objeto de la sentencia, porque las medidas cautelares no tienen un fin en sí mismas,

sino que tienen por propósito asegurar la eficacia de una sentencia posterior”. Responderé con otro clásico, su

discípulo Calamandrei, que las concibió como providencias interinas, en virtud de las cuales advertía que el juez

del proceso, no solo conoce y ejecuta, sino que también conserva. Para conservar -señalaba el ilustre jurista

florentino- debía interpretarse como mantener o alterar un determinado status quo, porque en definitiva lo que

importaba era que el mantenimiento de una determinada situación de hecho o de derecho permitiese el

mantenimiento de la igualdad de las partes ante la jurisdicción8 Entiendo que ese mantenimiento de la igualdad

de las partes se logrará con una medida cautelar apoyada en una “verosimilitud del derecho calificada”, esto es,

superior en su 7 Leyenda de cuando el rey Federico II de Prusia intentó expropiar un molino cerca de su palacio

por estropear la vista, pero el molinero se negó confiando en que “todavía hay jueces en Berlín”. 8 Cita del

profesor Jorge Rojas, en Sistemas cautelares atípicos. Ed. Rubinzal Culzoni, 2009, p 131. valoración a la que

exigen las medidas cautelares usuales, aunque destacando su provisoriedad, porque no debe confundirse con la

sentencia definitiva, en la que se hará mérito de los mayores argumentos jurídicos que desplieguen las partes, en

especial la demandada, que contará con mayor plazo para su defensa. El objeto claramente no es el mismo, pues

mientras en esta etapa cautelar se procura el mantenimiento de la igualdad entre las partes y evitar la concreción

de situaciones jurídicas irreparables hasta tanto se dicte la sentencia definitiva, en aquélla se dará certeza

definitiva, reparando o conservando el status quo creado por la ley 27.802 -según se resuelva. La concreción del

“caso” es una construcción pretoriana que debe evolucionar a partir de la expansión regulatoria que tuvo el

derecho de daños en general, de la reparación a la prevención, partiendo de la regulación del amparo en el art.

43 CN y de la creación de las acciones preventivas en los artículos 1710 y siguientes (Ley 26994), entre otras

normas. El “caso” se puede construir con la hipótesis verosímil de que el daño ocurra -analizada con prudencia

y restricción- y en medidas como la atacada, con su expansión a millones de regulaciones podría ser letal. 2.

Como matriz, recuerdo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “los derechos constitucionales

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.882 - Segunda Sección 84 Lunes 6 de abril de 2026

tienen un contenido que lo proporciona la propia Constitución. La Constitución Nacional NO enuncia derechos

huecos, a ser llenados de cualquier modo por el legislador, ni resulta ser un promisorio conjunto de sabios

consejos.” (CSJN, “Vizzotti”, 2004). Asimismo, que “Las leyes deben ser interpretadas a favor de quienes al serles

aplicadas con este sentido consiguen o tienden a alcanzar el “bienestar”, (Bercaitz 1974, Fallos 289:430) esto es,

las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme a su excelsa

dignidad” (CSJN, 21/9/2004, “Aquino“). Asimismo que los trabajadores y trabajadoras gozan de preferente tutela

constitucional (CSJN, “Vizzoti”, Fallos: 327:3677, 3689 y 3690 -2004-; “Aquino”, Fallos: 327: 3753, 3770 y 3797

-2004-; “Pérez, Aníbal Raúl cl Disco S. 332: 2055) y que la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)

con sus DDHH, civiles y laborales de primera generación establece en su artículo 30 el principio “pro homine”,

desarrollado luego en “Aquino” (CSJN, 2004) en términos que “El intérprete debe escoger dentro de lo que la

norma posibilita, el resultado que proteja en mayor medida a la persona humana” Finalmente, como recuerda el

Sr. Fiscal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que …es conveniente que los jueces y

tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones

vigentes en el ordenamiento jurídico, pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la

Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están

sometidos a ella, lo que los obligados a valar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean

mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que, desde un inicio, carecen de efectos

jurídicos resultando una obligación de los jueces y de los órganos vinculados a la administración de justicia en

todos los niveles de ejercer ex oficio un “control de convencionalidad” contra las normas internas y los actos

estatales y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones

procesales correspondientes (ver, CIDH, caso “Almonacid”, del 26/09/2006, parágrafo 124). 3. Resume la parte

actora (copio textual) Por un lado se combina una reducción del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de

Trabajo, la individualización de las relaciones de trabajo, una ampliación de los márgenes de ejercicio de los

poderes jerárquicos del empleador, una sensible degradación en los niveles de protección en materia de jornada,

vacaciones, la derogación de estatutos profesionales y, desde la perspectiva de la libertad sindical un propósito

muy visible de retacear medios de acción colectiva, de limitar las reuniones sindicales y de afectar el funcionamiento

de las asociaciones sindicales. 4. La parte actora sostuvo que las modificaciones introducidas por la Ley N° 27.802

importan una violación del principio de progresividad y no regresividad, remitiendo al artículo 75, inciso 22, de la

Constitución Nacional, artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el

artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratados incorporados al bloque de

constitucionalidad federal. La parte demandada señaló que la actora debió formular una distinción clara de qué

compone el núcleo esencial protegido en el ordenamiento laboral y qué compone la periferia regulatoria. A mi

juicio hay error en esa defensa, pues a raíz de nuestro sistema de comparación por instituciones, no existen

núcleos centrales y periferias en las regulaciones del mundo del trabajo, sino sistemas regulatorios complejos,

algunos de los cuales se verían afectados por la ley 27.802. Afirmó la demandada, que (copio textual) “el principio

de progresividad no puede significar que el ordenamiento jurídico se mantenga estático, pues es conocida la

jurisprudencia del tribunal que sostiene la inexistencia de un derecho al mantenimiento del ordenamiento jurídico

(Fallos: 308:1361, entre muchos otros) ”. Coincido con esa opinión, con la salvedad que las reformas que se

efectúen deben responder a un criterio deontógicamente más favorable a los sujetos con preferente tutela

constitucional (“Vizzotti” y otros, ya citados). Y hago la aclaración del criterio, porque en una disciplina transaccional

como lo es el derecho del trabajo, una reforma peyorativa debería estar compensada con una mejora de igual o

mayor valor en su botiquín de derechos, reales y concretos (no hipotéticos o especulativos). La demandada

tendrá oportunidad de debatir sobre el particular en el traslado del art. 8 de la ley 25854. 5. No hubo una defensa

explícita en la presentación de la accionada, respecto a aquellas disposiciones de la ley 27802 que atentarían

contra los principios de libertad sindical y autotutela colectiva, señalados enfáticamente por la actora. El único

argumento fue el carácter conjetural o hipotético de los daños supuestamente producidos por la nueva regulación

de la huelga, de las asambleas, de la negociación colectiva, etc. en tanto no se habrían denunciado hechos que

se hubieran visto limitados por la nueva legislación. A poco que se lea el escrito de demanda, se han desarrollado

argumentos y fundamentos sobre todas las disposiciones relativas al derecho colectivo del trabajo que fueron

atacadas; a cuyos términos no referiré en esta oportunidad para no adelantar criterio. Ha dicho la demandada

que “Desde los primeros fallos (Fallos: 31:273), la CSJN viene reconociendo al Poder Legislativo la facultad de

reglamentar el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Nacional a fin de preservar otros bienes

también ponderados en ella”. Asimismo que “Ello se fundamenta en que nuestro ordenamiento jurídico no

reconoce la existencia de derechos absolutos sino limitados por las leyes que reglamentan su ejercicio, con la

única condición de no alterarlos en su substancia y de respetar los límites impuestos por las normas de jerarquía

superior (artículos 14, 28 y 31 de la Constitución Nacional y Fallos: 249:252; 257:275; 262:205; 296:372; 300:700;

310:1045; 311:1132; 316:188, entre muchos otros), imponiendo como único límite la “razonabilidad” (Fallos:

288:240) ”. Imposible no acordar con ese paradigma, aunque puedo señalar un detalle de redacción: el límite de

razonabilidad que allí se indica como “único” viene después de efectuar el test de constitucionalidad y de

convencionalidad allí citado, con mención a los arts. 14, 28 y 31 de la CN. En este juicio se debatirá sobre ese

aspecto preliminar. 6. No haré otras consideraciones de derecho para no incurrir en prejuzgamiento y porque lo

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.882 - Segunda Sección 85 Lunes 6 de abril de 2026

dicho hasta ahí es suficiente para configurar esa verosimilitud de derecho calificada a que hice mención. Bueno

es destacar que tiene el carácter de provisional y puede ser rebatido o completado en el traslado del art. 8 de la

Ley 26.854. Para alimentar esas consideraciones preliminares, haré una breve descripción de los artículos de la

ley 27.802 que han sido tachados por inconstitucionales por la parte actora y que “prima facie” son merecedores

de la suspensión cautelar también solicitada. En principio la tacha generalizada consiste en desprotección (art.

14 bis CN), afectación de derechos humanos inespecíficos y afectación de la libertad sindical. Su concreción

deriva de la mera comparación de regulaciones, patente, flagante (De tal evidencia que no necesita pruebas). No

emitiré juicio de valor abundando en fundamentos técnicos para no adelantar criterio, mereciendo la mención que

verosimilmente de algún modo u otro violentan el marco teórico general expuesto más arriba: Artículo 1° -

Sustituye el artículo 2° de la Ley de Contrato de Trabajo, reduciendo el ámbito personal de aplicación de la ley,

en especial calificando como “prestadores independientes” de plataformas tecnológicas. Artículo 3° - Sustituye

el artículo 9° de la Ley de Contrato de Trabajo, quitando el in dubio pro obrero en la interpretación de la norma,

lo que va en contra de los sujetos de preferente tutela constitucional (CSJN, “Vizzoti” y otros ya citados) Artículo

6° - Sustituye el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo., quitando el principio de irrenunciabilidad sobre

cláusulas contractuales superadoras de la ley o el CCT. Artículo 9° - Sustituye el artículo 18 de la Ley de Contrato

de Trabajo, limitando la antigüedad computable en el empleo a períodos con pausas no mayores a dos años.

Reduce la protección. Artículo 13.- Sustituye el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, eliminando la

presunción por prestación de servicios, agregando que deben ser subordinados. Artículo 16.- Sustituye el artículo

29 de la Ley de Contrato de Trabajo, limitando la responsabilidad de empresas que utilicen mano de obra provista

por terceros. Elimina la presunción de fraude. Artículo 17.- Sustituye el artículo 29 bis de la Ley de Contrato de

Trabajo, quitando la representación sindical de la empresa usuaria y la posibilidad de ser candidato a cargos

gremiales de esos trabajadores. Artículo 18.- Sustituye el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, incorpora

categorías excluidas de los trabajos o servicios que generan responsabilidad solidaria en la tercerización por

empresas usuarias. También limita su responsabilidad. Artículo 19.- Sustituye el artículo 31 de la Ley de Contrato

de Trabajo, limita la responsabilidad solidaria de grupos económicos quitando la conducción temeraria. Artículo

23.- Sustituye el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, amplía la facultad de ius variandi y limita sus

consecuencias del ejercicio indebido. Artículo 24.- Sustituye el artículo 68 de la Ley de Contrato de Trabajo, quita

a “la dignidad” de la persona que trabaja como valor a respetar por los empleadores. Artículo 25.- Sustituye el

artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, amplía las formas de cumplir con la entrega de certificados y

establece una forma de auto certificación por vías informáticas. Artículo 26.- Deroga el Capítulo VIII del Título II

de la Ley de Contrato de Trabajo, relativo a la formación profesional. Artículo 27.- Sustituye el artículo 92 ter de la

Ley de Contrato de Trabajo, remitiendo a la negociación el tiempo de servicio que será considerado tiempo

parcial. Permite la realización de horas extras. Artículo 28.- Sustituye el artículo 95 de la Ley de Contrato de

Trabajo, quitando la posibilidad de reclamar daños y perjuicios provenientes del derecho común. Artículo 30.-

Sustituye el artículo 102 de la Ley de Contrato de Trabajo, amplía las características y requisitos del equipo de

trabajo. Artículo 31.- Sustituye el artículo 103 bis de la Ley de Contrato, se incorpora una vieja modalidad derogada

por la ley 26.341 al permitir que los servicios de comedor y alimentación del trabajador, puedan brindarse en

establecimientos gastronómicos cercanos. La inclusión como beneficio social los planes médicos integrales

otorgados en especie o las diferencias de pago de las cuotas de dichos planes; podría redundar en desfinanciamiento

al sistema solidario de Obras Sociales. Artículo 32.- Sustituye el artículo 104 de la Ley de Contrato de Trabajo,

quitando a las propinas del concepto remuneratorio. Artículo 33.- Incorpora como artículo 104 bis a la Ley de

Contrato de Trabajo el salario dinámico que puede tener origen en CCT o en la voluntad del empleador, no

pudiendo generar derecho a la expectativa. Artículo 34.- Sustituye el artículo 105 de la Ley de Contrato de

Trabajo, con varias novedades al texto anterior, que partía sobre la presunción de remuneratorio. Quita la

posibilidad de remunerar mediante la oportunidad de obtener beneficios o ganancias y establece que el salario

puede ser satisfecho en moneda extranjera. No parece objetable que incorpore el cobro de dividendos y la

realización de acciones o títulos; el reintegro con comprobantes de las sumas que resulten por el uso por parte

del trabajador del transporte público de pasajeros correspondientes por el traslado desde y hacia el lugar de

trabajo, por día efectivamente trabajado. Tampoco parece objetable incluir como no remuneratorio el comodato

de casa-habitación por desarraigo, cuando en el texto anterior se establecía por grave dificultad en el acceso a

la vivienda. Es una cuestión hoy litigiosa y por lo tanto tampoco objetable la regulación del uso de telefonía

celular. Artículo 41.- Sustituye el artículo 154 de la Ley de Contrato de Trabajo. Quita el período obligatorio de

goce y permite fraccionarlo. Artículo 42.- Sustituye el artículo 197 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Establece

banco de horas por acuerdo individual. Artículo 43.- Sustituye el artículo 198 de la Ley de Contrato de Trabajo,

complementando el banco de horas con jornada reducida en días, pero no en horas. Artículo 44.- Sustituye el

artículo 209 de la Ley de Contrato de Trabajo, incrementa requisitos en la exigencia del aviso por enfermedad o

accidente. Artículo 47.- Sustituye el artículo 228 de la Ley de Contrato de Trabajo con pésima redacción exime de

responsabilidad solidaria por información oculta en la transferencia. Artículo 46.- Sustituye el artículo 225 de la

Ley de Contrato de Trabajo. Al remitir al art. 228 LCT replica el cuestionamiento que se efectúa a esa norma.

Artículo 48.- Sustituye el inciso b) del artículo 231 de la Ley de Contrato de Trabajo. Quita el preaviso en período

de prueba. Artículo 50.- Sustituye el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, tabula en dos meses el plazo

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.882 - Segunda Sección 86 Lunes 6 de abril de 2026

para la extinción tácita por mutuo acuerdo. Artículo 51.- Sustituye el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo,

excluye pagos no mensuales como el SAC y premios no mensuales, que en algunas jurisdicciones argentinas son

admitidos. Los topes de cada Convenio Colectivo de Trabajo serán calculados por las partes signatarias del

Convenio Colectivo de Trabajo, lo que desobliga al Estado y delega un rol que aportaba certeza. Podrá pagarse

por un fondo o sistema de cese laboral que se crea en la norma (Fondos de Asistencia Laboral). Impedirá el

reclamo por daño extracontractuales o morales, con la sola excepción de los ilícitos penales, creando una

restricción al principio de reparación plena. Quita la percepción insuficiente como pago a cuenta. Artículo 53.-

Sustituye el artículo 255 de la Ley de Contrato de Trabajo. Actualiza por IPC la suma percibida en extinciones

anteriores con el mismo empleador, lo que no parece objetable, pero remite a la antigüedad al art. 18 que si es

objetable. Artículo 55.- Establece una forma de actualización e intereses para los juicios en trámite, inferior a la

existente para relaciones vigentes (art. 54 de la ley 27802). Artículo 56.- Sustituye el artículo 277 de la Ley de

Contrato de Trabajo, estableciendo la posibilidad de pagar en 6 cuotas, ajustadas por IPC + 3% de interés. Las

micro y medianas empresas podrán pagar hasta en 12 cuotas. Repite el límite de responsabilidad por costas en

el 25% del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Artículo 57.-

Incorpora como artículo 278 a la Ley de Contrato de Trabajo. En caso de trabajo total o parcialmente no registrado,

se remitirán las constancias a ARCA para la determinación de deuda. No resulta prima facie objetable, salvo en

lo relativo a Obra Social que sólo procederá cuando el trabajador se hubiese visto privado de cobertura. Establece

la incompatibilidad de accionar por daños y perjuicios fundados en el CCC, impidiendo hipótesis de reparación

integral (art. 19 CN). Artículos 58 a 77.- Creación de los Fondos de Asistencia Laboral. Regulación, financiación,

administración, destino, período de carencia, cuestionable desde que no evitaría y ni repararía la los despidos

injustificados tal como manda el art, 14 bis de la CN, tampoco los disuade al colectivizar el costo. Su sistema

financiero quita fondos de la Seguridad Social y no se blinda de malas inversiones que el capital especulativo

pudiera realizar con ese dinero, como asimismo de sus costos administrativos. Artículo 79.- Sustituye el artículo

20 de la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional de Trabajo N° 18.345, derivando la

competencia a Contencioso Administrativo Federal cuando sea parte o tercero interesado el Estado nacional –

Poder Ejecutivo nacional, Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público-, incluyendo los entes previstos en

el artículo 8°, inciso a), de la ley 24.156 y sus modificaciones. Hablamos de tutela judicial efectiva, amparada

convencionalmente (art. 75 inc. 22 CN) por el art. 7 del P.I.D.E.S.C., entre otras, y la especialización es uno de sus

pre-requisitos, según enunció César Arese9. Artículo 100.- Sustituye el artículo 3° de la ley 11.544 y sus

modificaciones, flexibilizando el trabajo por equipos. Artículo 101.- Sustituye el artículo 24 de la ley 25.877 y sus

modificaciones, incluyendo la categoría de actividades de importancia trascendental, a las que impone una

cobertura mínima de servicios mínimos hoy inexistente. Amplía los servicios mínimos en el caso de afectarse los

servicios esenciales en la huelga. Prohibe la huelga de los servicios de seguridad, sin aclarar que se trate de

públicos o privados. Artículo 107.- Sustituye el artículo 7° de la ley N° 26.844 y sus modificaciones (trabajo en

casas particulares), ampliando el período de prueba y quitando la diferencia entre trabajadores con y sin retiro.

Artículo 111.- Sustituye el artículo 12 de la ley N° 26.727 y sus modificaciones (trabajo agrario), elimina la figura del

fraude por interposición y regula la responsabilidad solidaria por contratistas, eliminándola para arrendatarios.

Artículo 131.- Sustituye el artículo 6° de la ley N° 14.250, modificando el régimen de ultraactividad. Artículo 132.-

Sustituye el artículo 7° de la ley N° 14.250, eliminando las cláusulas destinadas a favorecer la acción de las

asociaciones de trabajadores en la defensa de los intereses profesionales. Artículo 133.- Sustituye el artículo 9º

de la ley N° 14.250. Limita el aporte al sindicato de trabajadores afiliados y no afiliados. Artículo 134.- Sustituye el

artículo 13 de la ley N° 14.250 condiciona y limita la integración de comisiones paritarias. Artículo 135 y 136.-

Sustituyen los artículos 18 y 19 de la ley N° 14.250, modificando el régimen de prelación de los convenios

colectivos, dando prioridad a los de ámbito menor y permitiendo la modificación in pejus. 9OIT, Documento de

Trabajo de la OIT 10, Octubre/2020, Acceso a la tutela judicial efectiva laboral en países de América del Sur, autor

César Arese, p. 5 Disponible en https://www.ilo.org/es/publications/acceso-la-tutela-judicial-efectiva-laboral-en-

paises-deamericadel-sur. Artículo 137.- La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del Ministerio de

Capital Humano, puede convocar a negociar cláusulas vencidas, conforme las nuevas disposiciones del artículo

6° de la ley 14.250. También podrá decretar -a pedido de parte- la suspensión de la homologación de cláusulas

ultractivas. Artículo 138.- Sustituye el artículo 20 bis de la ley N° 23.551, estableciendo reglamentaciones limitativas

al derecho a realizar asambleas. Artículo 139.- Sustituye el artículo 20 ter de la ley N° 23.551, incluyendo como

infracciones muy graves ciertas medidas coactivas durante la huelga, que ya cuentan con pena en otros

dispositivos, lo que violaría la regla non bis in idem. Artículo 140.- Sustituye el artículo 23 de la ley N° 23.551,

atomizando la representación al equiparar sindicatos con y sin personería en cuanto a la representación del

interés colectivo. Artículo 141.- Sustituye el artículo 29 de la ley N° 23.551, facilita el otorgamiento de personería

gremial a sindicatos de ámbito menor (empresa). Artículo 142.- Sustituye el inciso c) del artículo 44 de la ley

N° 23.551, reglamenta la cantidad de crédito horario para realización del trabajo sindical, con criterio limitativo

que no existía. Artículo 143.- Sustituye el artículo 50 de la ley N° 23.551, reduce el espacio temporal y amplia

requisitos en la tutela de los candidato a cago de representación gremial. Artículo 144.- Sustituye el artículo 52 de

la ley N° 23.551: reduce el ámbito subjetivo de protección, y establece límites temporales para la protección de

congresales. Artículo 145.- Incorpora como artículo 53 bis a la ley N° 23.551 la bilateralización de la práctica

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.882 - Segunda Sección 87 Lunes 6 de abril de 2026

desleal, tipificando como tales algunas prácticas sindicales. Artículo 146.- Sustituye el artículo 54 de la ley

N° 23.551, regulando los legitimados activos para iniciar la querella por práctica desleal, sin incluir al sindicato.

Artículo 147.- Sustituye el artículo 55 de la ley N° 23.551, con las penas por práctica desleal incluye la revocación

de la personería y/o la inscripción gremial por parte de la la Justicia Nacional del Trabajo que la misma ley vacía

de competencias y prevé su traspaso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo 148.- Sustituye el artículo

59 de la ley N° 23.551, y vuelve a incurrir en la falacia de establecer en grado de apelación a la Cámara Nacional

de Apelaciones del Trabajo, que la misma ley prevé cerrar. Atribuye a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad

Social del Ministerio de Capital Humano la potestad de sancionar toda conducta gremial que afecte a terceros.

Artículo 149.- Sustituye el artículo 4º de la ley N° 23.546 y al establecer la composición de las comisiones

negociadoras vuelve a priorizar la negociación de ámbito menor. Vuelve a incurrir en un exceso de atribuciones

(como la norma hoy vigente) a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital

Humano, cundo la faculta a disponer la composición de los empleadores. Artículo 199.- Deroga la ley 27.555

regulatoria del Teletrabajo, que contiene numerosas normas tuitivas en favor de las personas que trabajan con

esa modalidad. Artículo 207.- Deroga los artículos 28 (auxiliares del trabajador) y 275 (entre otras normas) de la

Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 28 es una norma antifraude y tuitiva para los auxiliares del trabajador y el

art, 275 establece una sanción cuando se declarara maliciosa o temeraria la conducta asumida por el empleador

que perdiere total o parcialmente el juicio, que en la práctica ha sido de aplicación muy restritiva. Artículo 208.-

Deroga el artículo 6° de la ley 11.544, que establece normas preventivas para evitar el abuso de jornada. Artículo

211.- Deroga los artículos 10, 16 y 21 de la ley 14.250. Elimina la posibilidad de extensión territorial. Desestructura

el modelo de negociación y fomenta la atomización sindical. III. El peligro en la demora. El análisis de los requisitos

de admisibilidad es decir la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, se hallan de tal modo relacionados

que, a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigente en la gravedad e inminencia del daño y viceversa,

como así también que cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable, el rigor acerca del “fumus bonis

iuris” se puede atenuar (conf. doct. Morello, Sosa, Berizonce, “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la

Provincia de Buenos Aires y de la Nación”, Bs.As., 1986, T° II-C, págs..536/537, glosa al art. 195 de ambos

códigos); máxime cuando éste último, me refiero al peligro en la demora, en esencia constituye un requisito que,

en resumidas cuentas, es la razón de ser de estas medidas y lo que las justifica como institución jurídica (conf.

doct. C.N.Civil, Sala C, 28-11-75 “Fernández Novoa y otro c/ Fernández Roberto E.” LL 1976-A-491, 33209-S,

Perugini, Eduardo, Proceso Laboral” pág. 169, sum. 7). La representación del daño debe estar configurada por la

urgencia en si misma, como presupuesto tradicional, sino además por el tiempo que insuma el desarrollo del

proceso judicial, y además, por la posibilidad de que esos daños por las dos circunstancias apuntadas (urgencia

y proceso), se puedan agravar, con lo cual el sentido del proceso quedaría totalmente desvirtuado ya que

empeoraría la situación que trata de encauzar 10. Con el dictado de la cautelar, ambas partes procurarán llegar

a la sentencia definitiva a la brevedad posible y en paz social. La demandada ha enfatizado que el objeto de la

cautela coincide con el objeto final del juicio, aspecto que ya he descartado en el capítulo anterior. Sin perjuicio

de ello y para disipar temores “el peligro en la demora” que veo configurado en la causa es de modo superlativo,

previéndose que en caso de no admitirse la cautela intentada, la ejecución de la potencial sentencia de condena

pudiese tornarse ineficaz o bien de imposible cumplimiento, generando daños irreparables. Al contrario de lo

expuesto por la demandada que sostiene que recién en la definitiva debería adoptarse algún temperamento,

razono que es en modo inmediato que debe producirse la suspensión de los efectos de las normas atacadas,

para que no se produzca un consumo de derecho que afecten de modo grave a las personas y a las instituciones

involucradas. A modo de ejemplo y sin que implique emitir opinión, ¿Qué ocurriría si se pusiera en marcha el

complejo entramado del F.A.L. y luego fuera declarado inconstitucional? ¿Y si se pusiera en marcha el sistema de

deshomologación de CCT, como ocurrió con la fallida experiencia de la ley 25.250°. 10 Rojas, Jorge. Op cit. P.

143. Hay derechos humanos comprometidos, habrá responsabilidades patrimoniales e institucionales en debate.

Millones de contratos vigentes esperan definiciones sobre la aplicación temporal de la ley y certidumbre sobre su

contenido. Sin lugar una medida urgente, cautelar, va a derivar en mayor seguridad jurídica para todas las

personas e instituciones involucradas, aplicando la norma una vez que haya superado el test de constitucionalidad

y convencionalidad que aquí peticiona la actora. El interés público nos requiere templanza y paciencia para

enfrentar esta conyuntura llena de incertidumbres. IV. Contracautela El Artículo 7º de la ley 25.877 establece que

el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL promoverá la inclusión del concepto de trabajo

decente en las políticas públicas nacionales, provinciales y municipales. A tal fin, ejecutará y promoverá la

implementación, articulada con otros organismos nacionales, provinciales y municipales, de acciones dirigidas a

sostener y fomentar el empleo, reinsertar laboralmente a los trabajadores desocupados y capacitar y formar

profesionalmente a los trabajadores. En esta causa se discuten sobre derechos vinculados a este concepto y a

la dignidad de las personas, que buscan en su trabajo la forma de sostener su vida y la de su familia. Están

íntimamente vinculados los derechos humanos de las personas del mundo del trabajo, por lo que considero

suficiente la caución juratoria emitida por la parte actora (art. 10, apartado 2, ley 26.854). V. Conclusiones

preliminares. Según expuso la demandada en el punto 7.4 de su defensa, “conforme al artículo 13, inciso 1, de la

Ley N° 26.854, la suspensión de los efectos de una ley requiere la concurrencia simultánea de cinco requisitos”.

Esos requisitos que se enuncian a continuación se reúnen en este caso: (a) que se acredite sumariamente que el

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.882 - Segunda Sección 88 Lunes 6 de abril de 2026

cumplimiento de la norma ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior: juzgo suficiente la

descripción sumaria efectuada en la demanda de las cuestiones de puro derecho que se juzgan. Son acordes a

los tiempos con que la ley 27802 fue debatida, votada y sancionada, con el tiempo disponible para presentar su

acción, con el plazo para contestar el traslado del art. 4 de la ley 26854 que tuvo la demandada, el que tuvo el Sr.

Fiscal para dictaminar y el suscripto para dictar la presente. (b) la verosimilitud del derecho invocado: conforme

desarrollé en el capítulo respectivo encuentro reunida a primera vista una verosimilitud de derecho calificada, en

el control de constitucionalidad y convencionalidad que propuso la actora, amen de aguardar los mayores

argumentos que expondrá la demandada en el traslado del art. 8 de la ley 26.854. (c) la verosimilitud de la

ilegitimidad, por existir indicios serios y graves al respecto: los indicios serios fueron enunciados con economía y

sencillez al describir las objeciones encontradas en las normas atacadas, una por una. Es un análisis preliminar,

propio de la etapa cautelar, mas aun así es suficiente para encuadrarlos en tal calificación. (d) la no afectación del

interés público: al respecto me remito al dictamen del Sr. Fiscal, quien tomó intervención en resguardo del interés

público (art. 120 CN). Agrego a su profundo dictamen que la declaración de certeza que surgirá de este juicio,

aportará seguridad jurídica a sus destinatarios, evitando la multiplicidad de conflictos que la doctrina especializada

avizora y por lo tanto será una contribución al principio de justicia social enmarcado en el preámbulo de nuestra

Constitución Nacional, cuando promueve el bienestar general. (e) que la suspensión no produzca efectos jurídicos

o materiales irreversibles: tal como expliqué en el capítulo destinado al “peligro en la demora” una suspensión

provisoria evitará mayores daños que los que provocaría, y evitará efectos jurídicos muy gravosos e irreversibles,

en la hipótesis de aguardar los tiempos de las inhibitorias que plantea la demandada en otro Fuero y de una

sentencia definitiva. Finalmente, en nada obsta a que toda resolución atinente a una medida cautelar siempre

reviste el carácter de meramente provisional, y esa calidad habilita a quien dicta una resolución, a ponderar en

todo tiempo, y ante nuevos requerimientos, todas aquellas facetas que, no conocidas anteriormente alteren en

forma trascendente el cuadro, ya sea fáctico o bien jurídico tenido en consideración en pretéritas oportunidades.

La imposición de costas y la regulación de honorarios se difieren para el momento de finalización del proceso.

Por todo lo expuesto y las consideraciones del Sr. Representante del Ministerio Público, RESUELVO: (1) Hacer

lugar a la medida cautelar innovativa planteada por la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE LA

REPUBLICA ARGENTINA (CGT RA), contra el ESTADO NACIONAL – PODER EJECUTIVO NACIONAL -PEN-,

suspendiendo la vigencia de la ley 27802, en los artículos referidos en los considerandos de esta sentencia; (2)

las costas y honorarios se determinarán con la sentencia definitiva; (3) Cópiese, regístrese en el Registro Público

de Procesos Colectivos, Notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal; (4) Córrese el traslado del art. 8 de la ley 26.854

a la demandada a partir de la notificación de la presente. FDO: Raúl Horacio Ojeda. JUEZ NACIONAL.” “Buenos

Aires, 31 de marzo de 2026. En resguardo de la aplicación uniforme de las resultas de este juicio colectivo,

publíquese la medida cautelar dictada con fecha 30/3/26 en el Boletín Oficial. FDO: Raúl Horacio Ojeda. JUEZ

NACIONAL”

Dr. Raul Horacio Ojeda Juez - Dr. Raul Horacio Ojeda Juez Nacional

e. 06/04/2026 N° 19769/26 v. 06/04/2026